De la Jornada de hoy

Luis Javier Garrido

En guerra

El gobierno de facto del panista Felipe Calde-rón ha logrado en pocas semanas convencer a amplios sectores de mexicanos de su vocación antinacional y antipopular, pero también de su incompetencia.
1. Las primeras acciones del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón están siendo ya de enorme preocupación para amplios sectores de mexicanos, pues, al margen del origen ilegítimo del nuevo gobierno, se está constatando su vocación autoritaria y su desprecio por los derechos fundamentales de las mayorías, lo mismo con su actitud ante la grave crisis de Oaxaca que en su pretensión de un presupuesto con absurdos recortes al gasto social o que en su pretensión de gobernar como Vicente Fox, mediante la televisión y en las amenazas vertidas al periodista José Gutiérrez Vivó.
2. México estaba urgido en estos inicios del siglo XXI de tener un gobierno constitucional democrático que pudiera encauzar al país por la vía de la legalidad y del respeto a la Constitución, e impulsara a partir de ésta las reformas que requiere el país en todos los órdenes, pero tras el fraude electoral de 2006 se ha abierto un periodo de nuevas regresiones. Y está teniendo en los hechos un gobierno ilegítimo de facto, que no tiene más proyecto que el desmantelar al Estado nacional y a la Constitución vigente con el fin de entregar el control absoluto del país a los intereses multinacionales, y frente a él un gobierno legítimo, que busca detener el proceso de deterioro al que están llevando estas políticas, lo mismo desde el Congreso, por conducto del Frente Patrótico Nacional, que desde la sociedad.
3. El gobierno ilegítimo de Calderón representa para México una regresión histórica todavía más aberrante que la de Fox, porque además de asumirse como un instrumento de los poderes fácticos y de los intereses trasnacionales, representa de manera más abierta y beligerante muchos de esos intereses, y en particular los de la Iglesia católica y de los grupos más conservadores del país, sin ocultar un espíritu revanchista, que ya muchos han advertido, y que por su propio origen espurio expresa como un desprecio al orden constitucional del país, que tanto ha combatido la derecha mexicana y por una actitud beligerante.
4. El error más grave que podría cometerse desde una perspectiva democrática sería, sin embargo, el entender al de Calderón como un gobierno tradicional de la derecha, que es simplemente intolerante y reaccionario, enemigo de la clase trabajadora y pelele de los empresarios, que desprecia la legalidad y busca imponer intereses facciosos privados a los derechos de las mayorías. El gobierno calderonista es, en el escenario de la globalización bushiana, abiertamente fascistoide, y se ha asumido como tal desde sus primeras semanas, apareciendo en guerra abierta contra sectores muy importantes del pueblo mexicano, dispuesto a aplastarlos y a enquistar en el poder a una serie de consorcios vinculados a la extrema derecha trasnacional para adueñarse de éste por muchas décadas.
5. El marco institucional es de abierta simulación, pues ni Calderón en lo personal, ni los yunquistas que controlan el PAN creen en las instituciones liberales (división de poderes, democracia, federalismo), ni el proyecto neoliberal las ha entendido más que como instancias de legitimación del poder de las grandes corporaciones. El escenario legislativo es, por consiguiente, muy difícil para el PRD y el PRI, pues están obligados a actuar en éste a sabiendas de que a) no es confiable ningún posible acuerdo con el PAN, que es la expresión legislativa del gobierno de facto, y que b) Felipe Calderón en lo personal, quien detesta al PRI y al PRD, va a tratar por todos los medios de aplastarlos en el 2009. Y es por ello que desde Los Pinos se está tratando de imponer al frente del PRI a la calderonista Beatriz Paredes, o al también filopanista Enrique Jackson, y que en el PRD se intenta marginar a las corrientes favorables a Andrés Manuel López Obrador e imponer a las opositoras ­a las que se llama ya "el PRD azul"­ en la pretensión de hacer del sol azteca y del tricolor dos partidos comparsas de la ultraderecha.
6. El desprecio del gobierno de Felipe Calderón por la legalidad lo ejemplifican ya muchos casos, como la chicana que ha pretendido hacer su gobierno con el presupuesto tras las reasignaciones que hizo la Cámara de Diputados en diciembre, pues el diputado panista Raúl Padilla (presidente de la Comisión de Presupuesto) no las incorporó al texto remitido a finales de año a la Secretaría de Gobernación y el gobierno calderonista pretende ahora ignorarlas, en actitud verdaderamente indecorosa.
7. El discurso del gobierno de facto en estas semanas en las que ha buscado instalarse ha estado marcado en todo caso por un vocabulario bélico, en un afán de imponerse a la sociedad y a las fuerzas políticas y sociales organizadas; de ahí el operativo militar supuestamente contra el narco, que se inició en Michoacán y prosiguió en Baja California, y que en realidad ha sido un operativo mediático tendiente a levantar la imagen de Calderón como supuesto jefe de las fuerzas armadas, a presentar a su gobierno como luchando contra la inseguridad, a crear condiciones electorales favorables al PAN en los próximos comicios y a hacer creer que los intereses del narco están vinculados al "viejo PRI" y no al poder panista actual: a muchos jerarcas de Acción Nacional, al salinismo, a la PGR, al aparato judicial, a la banca privada y a los grandes empresarios salinistas lavadores de dinero: los protectores de Calderón.
8. El operativo, como era de esperarse, se ha saldado con el ridículo del Ejército, que ha aparecido como impotente para cumplir con una función que no sólo no es la suya, sino que lo hace actuar de manera inconstitucional, y por el figurón de Calderón que culminó el miércoles 3, al disfrazarse de comandante en campaña para ser el hazmerreír de todos, y todo por su menosprecio a la legalidad. El gobierno de facto olvidó dos cosas: que los delitos contra la salud los deben investigar y perseguir en el marco legal mexicano grupos especializados de la policía judicial federal (hoy llamada la AFI o policía ministerial) y no soldados, que no están preparados para ello, y que un gobernante no es jefe de las fuerzas armadas por ponerse un uniforme como disfraz, pues el espurio aunque se vista de verde olivo espurio se queda.
9. El operativo militar-mediático con el que Felipe Calderón pretende levantar su imagen es anticonstitucional, violatorio de los principios establecidos en los artículos 21 y 129 constitucional y trasgrede además de manera abierta el marco federal, pero es también absurdo desde el punto de vista técnico de la lucha contra el crimen organizado, por lo que resulta penoso que los gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, y Eugenio Elorduy, de Baja California, sin dignidad alguna, lo hayan apoyado.
10. El país vive una crisis institucional derivada ya no sólo de la ilegitimidad del poder político formal y de su proyecto antinacional y antipopular, sino de las acciones irracionales emprendidas por quienes encabezan el gobierno panista, que no tienen una visión de la nación y no hacen más que actuar como agentes de fuerzas trasnacionales. Y por lo tanto el desafío para la sociedad está muy claro.
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