El debate suscitado en el Congreso sobre el decretazo para suprimir Luz y Fuerza del Centro arroja conclusiones irrefutables. Ha venido desmontando, una a una, las mentiras elementales esgrimidas por Calderón y desnudado una estrategia golpista de alta peligrosidad.
El análisis de las condiciones laborales impuestas al sindicato después de dos décadas de tope obligatorio revela una disminución neta del ingreso promedio de los trabajadores superior a 28%. La mitad de ellos gana menos de 6 mil pesos mensuales —tres veces y media el salario mínimo— que apenas rebasa la canasta alimenticia recomendable definida en el Instituto Nacional de Nutrición. Es, además, la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos.
Los argumentos referidos a la ineficiencia de la empresa son deleznables. Apenas el 10 de junio la Secretaría de la Función Pública valoró los resultados del Comité Mixto de Productividad y otorgó una calificación de 93.8% en el cumplimiento de las metas pactadas entre el sindicato, la empresa y las secretarías de Estado involucradas.
La negociación tripartita es, en tiempos de crisis, el método privilegiado para enfrentar situaciones semejantes en todo el mundo. No hay otro caso de declaración de guerra a las organizaciones gremiales y despido masivo de 60 mil trabajadores en momentos de agudo desempleo. La negativa de toma de nota de la sustitución de líderes sindicales no era sino un tramposo pretexto para proceder a la liquidación ilegal de la empresa.
Son varias las violaciones contra el orden constitucional. La desaparición de un sindicato por decisión administrativa es una afrenta contra el artículo 123 de la Constitución y las convenciones internacionales. La creación y desaparición de empresas paraestatales es facultad del Congreso de la Unión, con mayor razón cuando se trata de actividades estratégicas.
La falacia de que los 42 mil millones de transferencias federales a la empresa se destinan a subsanar la ineficiencia de los trabajadores ha quedado desmentida, ya que se utilizan íntegramente para costear la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Se ha evidenciado que, si la compañía cobrara las cuentas especiales, evasiones y concesiones de las grandes empresas, se obtendría una cantidad equivalente de recursos.
La pregunta que apenas empieza a responderse reside en las verdaderas motivaciones del régimen para estallar un conflicto de estas proporciones. Un drástico viraje ideológico y político al que no se habían atrevido anteriores administraciones. El objetivo es polarizar al país y enseñar la mano dura como promesa de futuro a los grupos oligárquicos.
Es también la reedición de la guerra sucia y del “peligro para México” que importaron los publicistas españoles de ascendencia franquista. Descalificar a los “rojos” y lanzar a las clases medias contra los obreros. La operación, dice Mauricio Merino, “habla más de un enfrentamiento abierto contra un grupo criminal que de la negociación y el arbitraje con una organización de trabajadores al servicio del Estado”.
Otros recuerdan que el conflicto de 1968 empezó, también, por un bazucazo, pero que el proyecto político era de gran envergadura e inspiración macartista. El gobierno avanza en el diseño de la militarización del país, la supresión de derechos humanos y la política por decreto. Trata de rebasar por la derecha el avance electoral del PRI y plantea a la izquierda un desafío insolente para orillarla a la confrontación.
El Congreso es hoy la línea institucional de resistencia y no debe ceder en el rechazo al autoritarismo. Las organizaciones de la sociedad han de actuar con la mayor firmeza y talante pacifista ya que se trata de una abierta provocación. Hay que detener el abuso y evitar que tiña de rojo una página más de nuestra historia.
Diputado federal (PT)
